Claves para entender la Ley de apoyo a los Emprendedores

ley-emprendedores-2013El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores, con la que el Gobierno pretende impulsar la creación de empresas y de puestos de trabajo.

La intención de esta ley, que se tramitará de urgencia en el Parlamento, es la de establecer estímulos y bonificaciones fiscales, medidas para mejorar la financiación de las pymes, aligerar y simplificar las cargas burocráticas que soportan, favorecer la entrada de inversiones o incrementar su seguridad y protección legal. 

Las principales medidas son las siguientes:

Sin pagar el IVA hasta no cobrar la factura. Podrán acogerse al criterio de caja en el pago del IVA aquellos autónomos y pymes que no facturen más de dos millones de euros. Esto significa que podrán optar por retrasar el devengo (momento en el que se realiza la operación) y la declaración e ingreso del IVA repercutido (el impuesto una vez añadido a la factura) hasta el momento de cobro, “total o parcial”, al cliente. No obstante, retardar el pago del IVA supondrá igualmente atrasar la deducción del impuesto soportado en sus adquisiciones a los proveedores.

Incentivos fiscales. Las empresas que facturen menos de 10 millones podrán deducirse un 10% de los beneficios cuando se reinviertan en la actividad económica. Las deducciones por I+D+i de un ejercicio no quedarán sometidas a ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto Sobre Sociedades y podrán recuperarse con un límite de tres millones de euros anuales “si bien con una tasa de descuento respecto al importe inicialmente previsto de la deducción, siempre que se mantengan las actividades de I+D y el empleo”. En el caso de las rentas procedentes “de determinados activos intangibles”, que el Gobierno no concreta, el incentivo recaerá sobre la renta neta derivada del activo cedido y no sobre los ingresos procedentes del mismo.

Incentivos para socios de empresas de nueva creación. Los emprendedores tendrán tributación definitiva de los beneficios invertidos y no distribuidos se situará en el 15%, frente al tipo general del 25% y la reducción del 20% en el IRPF. Los ‘inversores ángeles’ (Business Angels, en inglés), mecenas de los emprendedores, disfrutarán de una deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF por su inversión al entrar en la sociedad. La base máxima será de 20.000 euros anuales. Asimismo disfrutarán de una exención total de sus plusvalías al salir de la sociedad. Para ello tendrán que reinvertir el dinero en una sociedad nueva o de reciente creación.

Se crea la figura de la «sociedad limitada de formación sucesiva» que permitirá crear una sociedad limitada con una aportación inicial inferior a los 3.000 euros que se exigen actualmente y se establece que el 20% de los beneficios deben ir a reservas legales.

Quita en la deuda, salvo con Hacienda. El anteproyecto de Ley prevé un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, ante un registrador mercantil o un notario que a su vez designarán a “un profesional idóneo e independiente” que impulse el acuerdo. En el caso de las deudas con acreedores privados, la Ley prevé que puedan pactarse quitas de hasta el 25% de los préstamos y esperas de hasta tres años. En el caso de las administraciones, como Hacienda y la Seguridad Social, no habrá quitas y sólo se podrá aplazar el pago. El acuerdo extrajudicial tampoco afectará a los préstamos con una garantía “especialísima”, como la garantía real. En este caso el bien dejado como aval responde por la deuda.

Más flexibilidad, menos control. El Gobierno eleva el umbral en el que se exige la clasificación de las empresas para realizar contratos de obras y servicios públicos. Esta clasificación implica que las empresas deben justificar anualmente su solvencia económica y financiera y, cada tres años, su solvencia técnica y profesional. En los contratos de obras se elevará este mínimo de 350.000 a 500.000 euros, mientras que en los servicios se incrementará de 120.000 a 200.000 euros. La garantía en los contratos de obra se podrá realizar con la retención en el precio. Además se acortan de 12 a 6 meses los plazos para devolver las garantías si la adjudicataria es una pyme. La administración podrá rescindir el contrato con las pymes en seis meses en vez de los ocho que había de plazo hasta ahora.

Cotizaciones más bajas para pluriempleados. El Gobierno reducirá las cuotas a la Seguridad Social cuando se cotice en el Régimen General y se deba cotizar también en otro régimen a tiempo completo al tener una actividad económica alternativa. El Ejecutivo quiere estimular así nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Sin embargo, no explica el alcance de la reducción de las cotizaciones.

El pequeño emprendedor no lo perderá todo. Se ha creado una nueva figura mercantil: el Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL). Este emprendedor no pagará las deudas de su empresa con su vivienda habitual si el valor del hogar no supera los 300.000 euros. A cambio, para proteger a sus acreedores, “se arbitran las oportunas medidas de publicidad registral de la limitación de responsabilidad”. No obstante, hay una excepción: si las deudas son con la administración (obligaciones de Derecho Público), la limitación de responsabilidad del emprendedor no se aplicará y podría perder el hogar. Por otra parte, para autónomos y emprendedores de responsabilidad limitada, se amplía de uno a dos años del plazo que media entre la notificación de la primera diligencia de embargo y la realización material de la subasta cuando el bien enajenado sea la residencia habitual y el embargo lo haga Hacienda o la Seguridad Social.

Más barato montar una empresa. La nueva ley ha creado un nuevo subtipo societario: la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, que debería poder crearse en 24 horas con un coste de 40 euros. Estas podrán tener un capital inferior a 3.000 euros y funcionarán con un régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada. La diferencia es que tendrán ciertas protecciones para los intereses de terceros. Por ejemplo se limitará a la retribución de socios y administradores, quienes tendrán más responsabilidad en caso de liquidación. El Gobierno no ha detallado más de esta figura.

Papeleo. Las Administraciones Públicas deberán eliminar, “al menos”, una carga administrativa por cada una nueva que introduzcan. Funerarias, autoescuelas, escuelas de enseñanza, joyerías y servicios recreativos y culturales no necesitarán licencias municipales. Se eleva a 500 metros cuadrados la superficie liberada antes de pedir permiso a los ayuntamientos. Las empresas con menos de 50 trabajadores sólo contestarán una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su primer año de actividad. Las empresas no tendrán que tener un libro de visitas en cada centro laboral a disposición de Inspección de Trabajo. El Gobierno no concreta hasta qué umbral elevará el máximo para formular el balance, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, así como aquellas empresas que están exentas de formular el estado de flujos de efectivo.

Trámite por Internet. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales crearán una plataforma digital, “Emprende en 3”, para realizar los trámites con estas administraciones simultáneamente.

El Gobierno facilitará la residencia a los extranjeros inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores o científicos o trabajadores que efectúen moviemientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas.  Además, prevé otorgar el permiso de residencia a los foráneos que compren deuda pública por importe superior a dos millones de euros. El Gobierno facilitará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que compren viviendas por encima de 500.000 euros, frente a los 160.000 euros anunciados inicialmente.


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