Los recortes y el agotamiento de ayudas frenan el gasto en desempleo

  • Ya hay más beneficiarios del subsidio que de la prestación contributiva

En agosto se cumple un año del recorte de la prestación por desempleo del 60% al 50% de la base reguladora, a partir del séptimo mes de cobro. Y desde marzo pasado está vigente un endurecimiento de la prueba de rentas en el acceso al subsidio de mayores de 55 años; que teóricamente ha recortado el número de nuevos beneficiarios en un 20%.

Estos dos ajustes del gasto en protección por desempleo podrían estar empezando a dar sus frutos al Gobierno. Así, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Empleo, correspondientes al mes de mayo, en los cinco primeros meses del año el gasto en pagar prestaciones y subsidios por desempleo ha ascendido a 13.174 millones de euros. Esto supone 142,42 millones menos que en el mismo periodo del año pasado; a pesar de que en mayo había 176.000 parados más que hace un año.

Pero no solo los recortes de las cuantías y del acceso al subsidio de mayores han propiciado el freno en el aumento del gasto. La persistencia de la crisis en el tiempo y la destrucción de empleo está propiciando, por un lado, un agotamiento de las prestaciones contributivas (las que cobran los parados que tienen derecho por haber cotizado al menos un año completo) cuyo plazo máximo de cobro son dos años. Y, además, un acceso más restringido a estas ayudas por los menores periodos cotizados de los nuevos trabajadores. Hace un año las nuevas altas de la prestación contributiva crecían un 6,7% anual y en la actualidad caen un 2,7%.

Con ello, el número de beneficiarios de la prestación contributiva –cuya cuantía media (864 euros) duplica la del subsidio– no ha cesado de descender este año. En concreto ahora hay 170.578 perceptores menos que en enero.

Es más, en mayo pasado el número de beneficiarios de las prestaciones contributivas (1,28 millones) es menor que el de los perceptores de subsidio (1,32 millones). Esto, que viene ocurriendo desde marzo, se produce precisamente por el alargamiento de la crisis ya que el acceso al subsidio se produce cuando se agota la prestación contributiva y dado que seis de cada diez parados llevan más de un año desempleado, esta situación se agudiza.

No obstante, la contención de este gasto podría no continuar en lo que resta del año, o bien este freno podría no ser suficiente para cumplir el presupuesto debido a la fuerte caída de ingresos por cotizaciones, que son la principal fuente de financiación del Servicio Público de Empleo que es el encargado de pagar estas prestaciones.

En previsión a que ocurra una de estas dos situaciones, el Gobierno aprobó el viernes la apertura de una línea de crédito extraordinaria de 5.800 millones, adicionales a los 30.915 presupuestados para financiar este organismo. De esta cantidad, 26.721 millones eran para pagar prestaciones por desempleo, lo que supuso casi 5.000 millones menos que lo gastado en 2011. Y el resto para abonar bonificaciones a la creación de empleo y formación.

¿Hace falta acortar y modular el seguro de paro?

Cada cierto tiempo, surgen rumores acerca de la posibilidad de que el Gobierno recorte la protección por desempleo. Así fue hace un año, cuando finalmente el Ejecutivo decidió acometer solo un ajuste de la cuantía a partir del séptimo mes de cobro. Pero este ajuste es un tema recurrente entre los expertos del mercado laboral y la Hacienda Pública.

Así, en los últimos días desde distintos organismos se ha reclamado al Gobierno que modifique el actual sistema de protección por desempleo. Los primeros fueron la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) quienes dieron la voz de alarma sobre la situación de asistencia social en la que podrían quedar los parados de larga duración que agotan sus prestaciones contributivas e incluso sus subsidios asistenciales. Por ello la OCDE recomendaba a los países con un elevado nivel paro de larga duración (en España hay más de 3,5 millones) que reforzara los subsidios de este colectivo.

Esto se podría hacer mediante una modulación distinta del cobro de la prestación contributiva. Según proponían recientemente desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), se recortarían los 24 meses de cobro máximo de la prestación y se reduciría su cuantía en los primeros meses, para incentivar la búsqueda inmediata de empleo;para después aumentar dicha prestación en los últimos meses cuando el parado ya es de larga duración. Sin embargo, hay quien cree que este sistema no serviría para incentivar una búsqueda activa de empleo al principio de quedarse en paro, porque una menor prestación se compensaría con la indemnización por desempleo, quien la tuviera. Por ello, también han surgido voces, como la del presidente de CEOE, Juan Rosell, que reclamó hacer incompatible las indemnizaciones más cuantiosas con el cobro de la prestación por desempleo.

Fuente: CINCO DIAS

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