El Gobierno facilita los ERE al introducir retoques a la reforma laboral

El decreto ley sobre pensiones para trabajadores a tiempo parcial modifica también varios artículos del Estatuto de los Trabajadores cuya redacción actual era fruto de la reforma laboral. Los cambios introducidos son limitados, pero en su mayoría tienen un denominador común: facilitan los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las empresas.

En la nueva norma, entre otras cosas, se acota el tamaño de las comisiones negociadoras de los ERE, se limita a una sola mesa la negociación aunque haya varios centros de trabajo, se exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas consolidadas, se tasan las causas de nulidad y se entorpecen las reclamaciones a través de demandas individuales.

Lo primero, se clarifica cómo se negociarán los ERE, suspensiones de contrato, medidas de movilidad geográfica o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Habrá una única mesa negociadora, con lo que desaparece la posibilidad de que la consulta se realice de forma separada por centros de trabajo. Además, se prevé que la comisión negociadora esté integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada parte, saliendo al paso de algunos problemas provocados hasta ahora por la falta de límites.

Junto con eso, en la nueva norma se establece que aunque la comisión de los trabajadores debe quedar constituida antes del inicio del periodo de consultas, su falta de constitución no impide ni la apertura ni el transcurso de las consultas. La empresa deberá comunicar “de manera fehaciente” a los trabajadores que va a realizar un ERE. Desde entonces, se da un plazo de siete días para constituir esa comisión (ampliable a 15 en algunos supuestos), momento a partir del cual empieza a contar el plazo del periodo de consultas.

Las multinacionales extranjeras también lo tendrán más fácil, pues la necesidad de presentar cuentas consolidadas cuando el despido colectivo sea en una empresa perteneciente a un grupo se restringe a los casos en que la “sociedad dominante tenga su domicilio en España”.

Asimismo, el decreto ley cambia la regulación procesal de los despidos colectivos y restringe las posibles causas de nulidad de los ERE (que conlleva la reincorporación de los trabajadores a sus puestos) “únicamente” a los casos en que no se haya realizado el periodo de consultas, entregado la documentación requerida y cumplidos los demás trámites del procedimiento o se hayan vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas. Así, podrán declararse improcedentes ERE que no cumplan con el fondo (las circunstancias económicas), pero no podrán ser declarados nulos si la empresa cumple los trámites. Esta norma no tendrá efectos retroactivos sobre ERE ya realizados.

Además, Empleo parece dispuesto a reforzar la supremacía de los acuerdos adoptados en conciliación judicial sobre las condiciones incluidas en los procesos colectivos. “El procedimiento individual queda relegado a los supuestos excepcionales no resueltos en el proceso colectivo”, explica el Gobierno.

El objetivo es que con las nuevas determinaciones de los únicos supuestos en los que se podrán impugnar individualmente los procesos colectivos, la sentencia firme o el acuerdo en conciliación judicial con la empresa ponga el punto final a las reclamaciones.

Sobre cuándo podrá presentarse demanda individual en procesos de despidos colectivos, el texto del real decreto-ley introduce dos importantes novedades.

La primera es que si el despido colectivo ha sido impugnado a través del procedimiento regulado, el plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial. Esto hasta ahora no era así.

Tal y como establecía la ley, en los casos de despidos colectivos, aunque hubiesen sido estos recurridos también de manera colectiva, las demandas individuales debían presentarse al mismo tiempo sin esperar a que hubiese sentencia firme para evitar que corrieran los plazos oficiales (aunque la norma ya fijaba que los recursos individuales quedaban en suspenso hasta la resolución del colectivo.

Ahora, se dice taxativamente que las impugnaciones individuales deberán esperar a que exista sentencia firme. Se retrasa, por tanto, la presentación de los recursos individuales con el objeto de evitar el colapso de los órganos judiciales, tal y como explica la exposición de motivos del real decreto-ley.

La otra gran novedad es la referida a los motivos de esas impugnaciones individuales, puesto que se limita, también sin carácter retroactivo, la posibilidad de las demandas individuales contra los despidos colectivos. Se precisa que tendrán efecto de cosa juzgada tanto la sentencia en la demanda colectiva como el acuerdo de conciliación judicial. Por ello, las demandas individuales quedarán limitadas a “aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda” colectiva.

Interpretaciones del juez

Hasta ahora, la reforma laboral ya contemplaba que la sentencia firme o la conciliación judicial tenían eficacia de cosa juzgada, pero, tal y como admiten los expertos consultados, es cierto que en cierta medida se debaja a la arbitrariedad del juez que los motivos que argumentara un trabajador en su demanda individual no hubiesen sido objeto de la demanda colectiva. Ahora, el texto lo establece sin lugar a dudas con el objetivo de reducir esas posibles interpretaciones distintas del juez.

Respecto a cuándo podrá ser declarado un despido nulo, el real decreto explica: “la sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente (la introducción de este término es la principal novedad frente al texto anterior) cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en los que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades políticas.

En este supuesto, la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo”. Es decir, los despidos colectivos nulos serán directamente ejecutables, sin que los trabajadores deban acudir a procedimientos individuales.

El Gobierno justifica estas modificaciones en aras de dotar al despido colectivo de mayor seguridad jurídica. Además, otro fin de estos retoques de la reforma es evitar la litigiosidad y saturación de los órganos jurisdiccionales del orden social, cumplir con el principio de celeridad y propiciar una mayor seguridad jurídica.

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