Empleo asegura que el buzón de denuncias tiene plena cobertura legal

El pasado lunes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó la nueva iniciativa del gobierno para combatir el fraude en el cobro del paro: un buzón de denuncias.

La medida no ha tardado en ganarse detractores. La secretaria confederal de Empleo de CC.OO., Paloma López, calificó el buzón como una «ocurrencia peligrosa». CC.OO. cree que «el chivatazo anónimo» es más propio de «un país totalitario», no de una democracia. Lejos de entender este proyecto como un apoyo a las administraciones de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consideran que resaltan las «carencias que tienen como consecuencia de los recortes presupuestarios en las administraciones públicas».

El sindicato teme que el foco se pose sobre los desempleados «víctimas» de contratos irregulares y no sobre los verdaderos encargados de realizar la contratación. El mismo miedo lo comparte la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet), quienes han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado ya que consideran que el buzón es una medida ilegal, un «abuso de la autoridad» y la puesta en práctica del «miedo como herramienta de gestión».

En el comunicado titulado “Aclaración sobre el buzón de fraude laboral”, el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán, ha respondido a las críticas defendiendo que estas denuncias ya eran habituales y que el nuevo sistema sólo busca “mejorar la actividad planificada y la eficacia” de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “en favor de los trabajadores y las empresas”. 

La Inspección ha defendido que el buzón de denuncias laborales tiene plena cobertura legal. Con la nueva nota afirma que el buzón está hecho para recibir todo tipo de denuncias laborales, tanto contra perceptores irregulares del desempleo, como contra empresarios.

Según Sacristán, las denuncias que no reúnan los requisitos formales no podrán ser tramitadas como tales, pero los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, podrán ordenar una inspección a un sujeto concreto. “Esta práctica resulta habitual en todas las Inspecciones Provinciales y ha permitido, en numerosas ocasiones, detectar talleres clandestinos en los que se empleaban irregularmente y en condiciones indignas a trabajadores, investigar atentados contra derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación, e incluso conductas en ocasiones rayanas o constitutivas de delito, como supuestos de acoso sexual o trata de seres humanos, sin olvidar otros aspectos que atañen a la vida o a la seguridad de los trabajadores como la realización de trabajos sin disponer de medidas de prevención de riesgos laborales”.

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