Novedades de la Ley de Emprendedores

La ley empieza por definir el concepto de emprendedor. Serán personas físicas o jurídicas que van a desarrollar o están desarrollando una actividad económica productiva. Aunque falta su publicación en el BOE para que entre en vigor de forma definitiva, aquí tenemos las principales novedades de la ley más ambiciosa del Gobierno y que ve la luz casi dos años después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la anunciara en el Congreso. 

Dónde acudir para crear una empresa 

Se agilizan los trámites para crear una empresa. Ya no será necesario contar un capital social mínimo de 3.000 euros, los costes se reducen significativamente y entre 24 y 48 horas será posible registrar la nueva sociedad. También está previsto que se creen Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) que serán oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados.

IVA de caja

Las empresas con una facturación inferior a dos millones de euros podrán aplicar a partir de enero de 2014 el llamado IVA de caja. Ello significa que ingresarán este impuesto en Hacienda en el momento de cobrar una factura y no, como sucedía hasta ahora, cuando se emitía. Se trata de una de las medidas más reclamadas desde las empresas y Hacienda prevé que beneficiará a más dos millones de autónomos y pymes. Sin embargo, acogerse al IVA de caja también implicará sufrir un mayor control de Hacienda, lo que podría rebajar la cifra de beneficiarios calculada por el Gobierno. En el apartado fiscal, también se regulan beneficios fiscales para las pymes a los business angels, es decir, inversores que financias proyectos empresariales.

Vivienda inembargable

La norma crea el emprendedor de responsabilidad limitada. Responde a una reivindicación histórica de los trabajadores autónomos para no responder con su vivienda habitual al pago de deudas derivadas de su actividad empresarial. No obstante, la ley fija unas condiciones para poder acogerse a esta medida. Podrán beneficiarse de la inembargabilidad de su vivienda habitual aquellos deudores que tengan un inmueble valorado por debajo de los 300.000 euros, según figure su precio de adquisición en el registro Mercantil. En el caso de las viviendas situadas en poblaciones de más de un millón de habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor citado anteriormente, lo que elevará la cifra a unos 400.000 euros.

Reducciones a la Seguridad Social

Aquellas personas que se den de alta como autónomos por primera vez o no hayan estado dados de alta por cuenta propia en los últimos cinco años podrán aplicarse varias reducciones sobre la cuota por contingencias comunes (desde la base mínima de cotización de autónomos) durante un máximo de 18 meses.

En concreto, podrán aplicarse una reducción del 80% de la cuota durante los seis meses siguientes al alta (50 euros al mes); una reducción del 50% de la cuota en los seis meses siguientes a lo anterior; y una reducción del 30% en los seis siguientes, hasta sumar el año y medio de reducciones. De esta forma se extiende a los nuevos autónomos mayores de 30 años los beneficios aprobados para los jóvenes en el Plan de Empleo Joven.

Autónomos en pluriactividad

Los trabajadores por cuenta ajena que decidan darse de alta como autónomos e inicien así una situación de pluriactividad, podrán elegir como base de cotización por cuenta propia la comprendida entre el 50% de la base mínima de cotización durante los primeros 18 meses, y el 75% durante los siguientes 18 meses, hasta las bases máximas establecidas para ese Régimen Especial. Aquellos autónomos que se beneficien de esta medida no podrán optar a las reducciones de cuotas para nuevas altas de mayores de 30 años.

Visados de residencia 

El Estado concederá un visado de residencia a los extranjeros que inviertan al menos dos millones de euros en deuda pública o compren una vivienda de, como mínimo, 500.000 euros. También aquellos foráneos que inicien una actividad empresarial que genere puestos de trabajo o sea innovadora obtendrán un visado. 

Aparecen las ‘miniempresas’ de estudiantes

Una de las novedades que ha incluido en el último tramo de enmiendas la Ley de Emprendedores es la aparición de una nueva figura. Reconoce la miniempresa o empresa de estudiantes como herramienta pedagógica, a través de la cual se podrán realizar transacciones económicas y monetarias, emitir facturas y abrir cuentas bancarias. Estas sociedades durarían un año, prorrogable a dos, transcurridos los cuales se liquidarían. El objetivo es que los estudiantes puedan, a través de ellas, realizar transacciones reales, sin necesidad de embarcarse en el riesgo que supone crear una empresa real.

Nuevos apoderamientos electrónicos

Se trata de uno de los artículos que más enmiendas y debate interno suscitó durante la tramitación de la ley, que se ha prolongado dos meses al realizarse por el procedimiento de urgencia. Hasta ahora si un apoderado conservaba la copia en papel del poder otorgado en su día por el poderdante, aunque este lo revocara, el apoderado podía seguir esgrimiéndolo y con dicho documento hacer negocios con terceros (este hecho está detrás de numerosos escándalos de desacuerdos entre personalidades famosas y sus apoderados). Ahora el registro electrónico de las revocaciones acabará con todas las dudas.

Capital de las sociedades de garantía recíproca

El capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca no podrá ser inferior a 10 millones de euros. Para garantizar la liquidez y solvencia de estas entidades, dicho capital podrá ser modificado en los términos establecidos en la Ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. Además, el importe de la cifra de recursos propios computables de las sociedades de garantía recíproca no podrá ser inferior a 15 millones de euros, calculándose en cada caso la cifra de recursos propios de acuerdo con la definición que establezca el Banco de España.

Balón de oxígeno a las empresas para que eviten el concurso

La Ley de apoyo a los emprendedores nace con un doble objetivo: impulsar la actividad económica y la creación de empleo y, también, crear los instrumentos necesarios para que las empresas con dificultades puedan superarlas y eviten la quiebra definitiva.

Por ello, la ley ahora aprobada modificará algunos artículos del actual marco concursal. Uno de los más importantes es el que cambia los acuerdos de refinanciación. Hasta ahora, cuando una compañía (persona jurídica) o una persona física tenían dificultades para hacer frente a sus deudas, podían iniciar un proceso de refinanciación de ese pasivo.

En el caso de las empresas o grandes grupos es frecuente que los acreedores sean numerosos, lo que tradicionalmente ha dificultado llegar a un acuerdo con todos que permita la reordenación de la deuda, una posible quita y, por último, que la sociedad salga adelante. De hecho, según la legislación en vigor, para que un acuerdo de refinanciación saliera adelante hacía falta el acuerdo del 75% del pasivo de titularidad de entidades financieras. Además, podía darse la circunstancia de que uno de los acreedores minoritarios incoara la entrada en concurso de la sociedad, complicando mucho más el proceso y precipitando de ese modo su casi segura desaparición.

Según explican fuentes consultadas, el 95% de las sociedades que entran en concurso (la antigua suspensión de pagos) acaban desapareciendo. “En España, estamos demasiado acostumbrados a esa realidad, a que los concursos sean de liquidación y por eso esta ley trata de establecer medidas que eviten en la medida de lo posible que se llegue al concurso”, asegura Joaquín Rodríguez, director General de los Registros y del Notariado. El principal cambio es que ahora en lugar de ese 75%, sea necesario el acuerdo de los acreedores que representen al menos el 55% del pasivo titularidad de entidades financieras (la enmienda inicial preveía un 67% que finalmente fue reducido aún más). De esta manera, una vez logrado dicho consenso, el pacto podrá homologarse judicialmente, o lo que es lo mismo, el acuerdo privado suscrito entre deudor y acredores es reconocido por un juez y la empresa logra esquivar el concurso.

Es más, cuando una empresa comunique oficialmente que inicia uno de estos procesos de refinanciación, todos sus acreedores deberán respetar los plazos y no podrán instar individualmente el concurso. Y el informe que elabore la compañía defendiendo la conveniencia de suscribir la refinanciación pasará a ser evaluado por un experto independiente que será nombrado por el registrador mercantil, en lugar de ser asignado por la banca acreedora como ocurría hasta ahora. Fuentes del sector bancario explicaron que esta nueva regulación facilitará la suscripción de acuerdos más rápidos, evitando de esa manera que según transcurra el tiempo la situación de la compañía se deteriore más y disminuyan las posibilidades de cobrar las deudas.

Acuerdo extrajudicial de pagos

Otra de las formas de proteger a las compañías e incentivar la actividad emprendedora, según afirman fuentes oficiales, es velar por que todos aquellos pequeños empresarios o autónomos que inicien una actividad que resulte finalmente fallida cuenten con una segunda oportunidad y sucesivas.

En este ámbito entra en juego el denominado acuerdo extrajudicial de pagos. Se trata de una nueva figura cuyo objetivo es sacar de los juzgados los procesos concursales de las pequeñas empresas. “Un concurso suele costar al menos 18.000 euros y se prolonga en el tiempo hasta dos años, lo que es inasumible para muchas pequeñas empresas”, explican fuentes jurídicas. En este sentido, la planta judicial actual cuenta con recursos para asumir unos 6.000 procesos concursales al año y, sin embargo, las cifras disponibles ya estiman la apertura de 12.000 procedimientos anuales, lo que explica el actual caos por el que atraviesan los juzgados.

A partir de que entre en vigor la nueva ley, estos pequeños empresarios podrán pactar con sus acreedores un acuerdo al margen de los tribunales (no tendrán que abonar por tanto las tasas judiciales entre otros gastos) que les permita superar su situación de dificultad, refinanciar sus deudas y lograr quitas o reducciones de las mismas. No obstante, tendrán un trato diferenciado los créditos hipotecarios que tuvieran suscritos y los créditos públicos (deudas con Hacienda y la Seguridad Social), que deberán renegociarse de forma separada. El argumento esgrimido por el Departamento que dirige Cristóbal Montoro es que “los recursos son muy escasos”.

En este aspecto, otras fuentes consultadas sostienen que la reforma se ha quedado algo corta en la medida en que las familias no podrán suscribir uno de estos acuerdos extrajudiciales en caso de sobreendeudamiento, ya que para esas situaciones se ha modificado la ley de deudores hipotecarios. Con todo ello se pretende estimular la actividad y que el fracaso no sea un estigma, sino la excusa perfecta para volver a intentarlo.

Fuente: Cinco días

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