Un juez declara ilícita la rebaja salarial del 75% impuesta por una empresa

  • Los ocho trabajadores afectados vieron reducido su sueldo desde los 3.000 euros mensuales a 751,38 euros
  • La compañía se negó en tres ocasiones a negociar el convenio colectivo

El juzgado de lo Social número 16 de Barcelona ha declarado «ilícita y contraria a derecho» la decisión de la empresa ImesApi de imponer a ocho de sus trabajadores de forma unilateral y sin negociación previa una rebaja salarial del 75%, hasta equiparar su retribución al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La empresa, dedicada al mantenimiento de cabinas telefónicas, hizo caso omiso de las reiteradas peticiones de los trabajadores para negociar el nuevo convenio, dándolo por expirado en agosto de 2013, a pesar de que existía una cláusula que preservaba su vigencia hasta que hubiera un pacto de renovación.

La sentencia condena a ImesApi (del grupo ACS presidido por Florentino Pérez) a volver a retribuir a los trabajadores en función de las masas salariales del convenio y a compensarles por la diferencia salarial de los meses en que se les aplicó el salario mínimo.

Los ocho trabajadores afectados tenían un salario cercano a los 3.000 euros mensuales, una cuantía que a partir de agosto del pasado año vieron reducida hasta 751,38 euros al mes.

El juez obliga asimismo a la empresa a indemnizar a cada uno de ellos con 1.000 euros en concepto de daños morales y a cesar «su comportamiento vulnerador de derechos fundamentales», al entender que contravino el derecho de la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva.

La sentencia considera probado que ImesApi aplicó esta drástica reducción salarial «unilateralmente» y «con menosprecio a toda negociación» colectiva , sin que existiera «justificación alguna» a esta negativa.

La empresa demandada alegó en su defensa que el convenio colectivo perdió su vigencia el 8 de julio de 2013, por lo que a partir de agosto procedieron a reducir el salario de los trabajadores. Negó que hubiera vulnerado el derecho a la negociación porque “cualquier ley puede modificar lo dispuesto en un convenio colectivo.”

Ante esta sentencia, la empresa tiene la posibilidad de interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

EFE

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