Alrededor de la mitad de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) impugnados son declarados nulos por los tribunales

El último año ha estado plagado de resoluciones judiciales que han anulado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Tanto es así, que en el último año los juzgados han obligado a readmitir al menos a 4.000 trabajadores despedidos en procesos de reajuste en grandes empresas.

La aprobación tanto de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy —aprobada en febrero de 2012— como de la ley reguladora de la Jurisdicción Social —entró en vigor en octubre de 2011 y puso en manos de los juzgados la revisión de los ERE— están detrás de este incremento en la litigiosidad relacionada con los expedientes de regulación de empleo. Por un lado, tras la reforma laboral muchos empresarios la malinterpretaron y creyeron que se había abierto la veda, así que mal asesorados presentaron ERE muy deficientes y chapuceros, pensando que tenían libertad absoluta para despedir.

Esa “maliterpretación” inicial provocó los primeros meses una avalancha de anulaciones: Cerca de un 80% de los casos impugnados. Aún actualmente el porcentaje de nulidades ronda el 50%, según estimaciones del sector. A pesar de que ni el Instituto Nacional de Estadística (INE) ni los ministerios de Justicia o Empleo recogen estadísticas oficiales sobre los ERE impugnados y sus resultados, otras fuentes jurídicas hablan también de porcentajes muy altos de nulidad en aquellos que llegan a los juzgados.

Una revisión “a fondo” en los juzgados

En el sistema anterior a las dos reformas antes descritas, era la Administración la que aprobaba o no un determinado expediente de regulación de empleo. Este sistema hacía en la práctica muy complicado que se aprobara un ERE si previamente no existía un acuerdo con los representantes de los trabajadores, por lo que las impugnaciones posteriores también eran escasas.

Ahora, los tribunales están entrando a revisar los ERE bastante más a fondo de lo que la ley inicialmente preveía. No solo se analizan las causas objetivas y su demostración, sino que además los jueces llegan a valorar incluso la adecuación económica de dichas medidas. Se espera que estos casos de los tribunales superiores o de la Audiencia Nacional  lleguen al Tribunal Supremo y en unos meses se cree una jurisprudencia.

En opinión del abogado laboralista Enrique Lillo, “la mayoría de las extinciones de empleo no se recurren judicialmente, pero aquellas que sí son impugnadas lo son porque no se ha entregado bien la documentación del ERE, porque la empresa no ha negociado de buena fe o porque ha empleado criterios de selección discriminatorios”, señala.

Lillo pone como ejemplo el ERE recién anulado de Panrico, que si bien ha sido resuelto con una sentencia “caótica”, da por demostrado que la compañía panificadora llevó a cabo sus planes “con mucha arbitrariedad y fraude de ley por falta de objetividad a la hora de decidir las extinciones de contratos”. En su larga experiencia como abogado de Comisiones Obreras, cree que la codicia es a menudo el origen del problema en estos expedientes de regulación mal practicados: “Tratan de quitarse cuanto antes el problema de encima, y para ello recurren a engaños”, asegura.

Más opciones para impugnar

Con el anterior sistema legal (previo a la ley de Jurisdicción Social de 2011 y a la reforma laboral) era la Administración la que concedía o denegaba los ERE, lo que a su vez obligaba a las partes a llegar a un acuerdo, por lo que eran menos frecuentes las impugnaciones. Pero la nueva regulación, que por un lado permite que el empresario lleve a cabo un ajuste de plantilla unilateral en la práctica por otro abre hasta cuatro vías para impugnar judicialmente estas medidas: De los representantes de los trabajadores, de la propia administración (de oficio), del propio empresario (para que le confirmen que lo ha hecho bien) y de cualquier trabajador.

El anterior sistema, tutelado por la Administración, ponía muchas facilidades en el caso de que hubiera acuerdo entre las partes, y luego daba muy pocas posibilidades de reclamación. Algo que ha cambiado a partir de 2012, toda vez que son ahora los jueces los que velan por el cumplimiento de la legislación laboral. Por eso desde entonces, después de un ERE, es frecuente encontrarse con un montón de reclamaciones.

Diferentes opciones tras el despido

Buena parte de los ERE anulados tienen su origen en un trabajador o un grupo de empleados que actuaron de forma organizada tras el despido. Así, en caso de que una o varias personas vean su contrato extinguido de forma unilateral, varias son las líneas de actuación posibles.

Por un lado, y en primer momento, está la impugnación del expediente de regulación, que pueden llevar a cabo tanto los representantes sindicales como los trabajadores a título individual. Para ello habrá que contar con un abogado que valore y en su caso lleve el asunto ante los tribunales, y que éstos lo admitan. Otra opción en paralelo a esta es la movilización social: colocar el tema en los medios, manifestarse, protestar por redes sociales…

Por su parte, un trabajador individual, en el momento del despido, ha de tener en cuenta varios aspectos: Comprobar que la carta de despido es correcta e indica las causas del mismo, los hechos que lo han motivado, la fecha y la liquidación. Es aconsejable además revisar a fondo el finiquito, y que la cantidad está bien calculada, así como la indemnización, si la hubiera.

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