La Generalitat rebajará el sueldo a los funcionarios que menos rindan

El Gobierno catalán impondrá evaluaciones entre los funcionarios de la Generalitat. Ese es uno de los ejes sobre los que girará el Plan de Reforma y Modernización de la Administración que aprobará hoy el Ejecutivo de Artur Mas. El objetivo, según explicó ayer el secretario general de Gobernación, Lluís Bertran, es mejorar la eficiencia y la productividad del cuerpo de trabajadores públicos. De los resultados de ese control sobre los funcionarios dependerán diferentes condiciones laborales: desde la retribución hasta la promoción interna, además de la detección de carencias y sus necesidades formativas.

Pero la evaluación podrá tener también consecuencias contrarias a los intereses de los empleados analizados. “En casos de evaluaciones negativas reiteradas podría llegar a comportar, en casos extremos, la desvinculación o la remoción en el puesto de empleo que se ocupa”, señaló Bertran en la comisión parlamentaria. Posteriormente, la vicepresidenta Joana Ortega matizó que no se tratará de despidos, prohibidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, sino de rebajas en el escalafón laboral.

La propuesta de la evaluación que ahora propone el Gobierno catalán, y que tendrá que ser legislada en el Parlamento, surge de los diferentes informes que ha solicitado el departamento para encauzar una reforma que analiza desde hace al menos dos años. Según las pretensiones con las que parte Gobernación, está previsto introducir cambios en el sistema de reclutamiento del personal, en los que se tendrán que acreditar conocimientos de idiomas para poder aspirar a determinados cargos, a los que se accederá después de hacer pruebas específicas. Ortega incidió en la necesidad de impulsar la meritocracia y aseguró que el nuevo modelo deberá contribuir a aprovechar mejor el 40% de los empleados de la Generalitat que cuentan con una formación superior a los empleos que cubren.

La otra gran novedad de la reforma que impulsa Ortega es la creación de una nueva categoría laboral, que en el escalafón se situará entre los cargos políticos y los técnicos y a la que el Gobierno se refiere como dirección pública profesional. La vicepresidenta se refirió a esta como “un cuerpo intermedio” con el que “se trata de profesionalizar la Administración”. “Tendrán que tener tanto profesionalidad técnica como confianza en el ámbito político y, a la vez, capacidad de dirección, de liderazgo y de motivación de sus equipos”, señaló Bertran, quien explicó que su retribución estará regida por objetivos determinados previamente. La creación de este rango profesional en la Administración es una de las primeras medidas que prevé impulsar el Gobierno: la memoria preliminar de la ley que la regirá se aprobará de forma inmediata.

Fuente: El País

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