Las empresas reclaman otra profunda reforma laboral

  • PLAN PARA LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO / La patronal demanda un despido sin indemnización en el contrato indefinido ordinario tras un año de prueba. Los empresarios exigen un contrato temporal sin causa.

La patronal CEOE va a plantear otra profunda reforma laboral al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. La propuesta forma parte del conjunto de demandas que CEOE considera necesarias para mejorar el clima de negocios y el entorno empresarial en los ámbitos sociolaboral, económico, de unidad de mercado e internacionalización. Así se titula el documento con el que la confederación responde a la consulta que le ha hecho el ministro de Economía y Competitividad. Los puntos más importantes en el capítulo laboral del informe que hoy estudiará la Junta Directiva, son los siguientes: 

Despido libre tras un año de prueba en el contrato indefinido ordinario. 

La patronal quiere aplicar en este tipo de contrato el periodo de prueba que reguló la reforma laboral para el contrato de emprendedores. Es decir, que la empresa pueda tener al trabajador durante un año de prueba. Pasado ese tiempo, si decide prescindir de él, y no hacerle fijo, no tiene que pagarle indemnización. Esta es una figura controvertida que es objeto de varios recursos de inconstitucionalidad. Ahora, salvo pacto en convenio, el periodo de prueba no puede exceder un periodo de entre dos y seis meses. 

Contrato temporal sin causa. CEOE propone aplicar esta fórmula a los trabajadores que estén empleados por un periodo inferior a dos años, tanto con una compañía como dentro del mismo grupo de empresas. Otra alternativa que plantea la patronal es “eliminar las restricciones al encadenamiento de contratos temporales” sobre un mismo trabajador. Incluso, en los supuestos de sucesión o subrogación empresarial en un contrato con un tercero. Los sindicatos siempre se han opuesto a esta fórmula. 

Restringir la regulación del despido nulo y la obligación de readmitir al trabajador. Los empresarios quieren que este tipo de despido sólo pueda darse cuando la compañía no respete el periodo previo de consultas con los trabajadores o “viole” los derechos fundamentales de la persona. Es decir que un trabajador sea despedido por motivos de afiliación política, religiosa o sindical, entre otras razones. 

Facilidades de despido para los autónomos con menos de cinco asalariados. La patronal pide al Gobierno que, durante cinco años, abra un periodo transitorio de despido más barato para los autónomos que tengan cinco o menos asalariados de promedio anual. CEOE plantea, incluso, que la reforma afecte a quienes tengan contrato vigente y que la indemnización de los trabajadores indefinidos equivalga a doce días de salario por año de trabajo. Es decir, igual que la compensación que recibe un trabajador con contrato temporal. Los empresarios justifican la medida “dado el grave deterioro de nuestro mercado de trabajo y la necesidad urgente de fomentar el empleo”. 

Excluir del convenio sectorial durante dos años a los nuevos emprendedores. Se trata de que quienes inician un negocio puedan excluirse de la aplicación del acuerdo laboral sectorial, para evitar que sus condiciones, y sus costes, puedan perjudicar la iniciativa empresarial en sus primeros pasos. 

Retirar la prestación al trabajador con reiteradas bajas laborales. La patronal quiere que la sanción tenga lugar durante los primeros quince días de la baja laboral “dado que es el periodo que abonan los empresarios”. Incluso, retirar las prestación de forma definitiva cuando se produzca una “utilización fraudulenta” de la baja laboral por enfermedad común. Por ejemplo, por una gripe o una lumbalgia. De la misma forma, CEOE reclama que, en estos casos, las mutuas puedan dar de alta al trabajador para combatir el absentismo. 

Rebaja de impuestos a los sectores industriales. En este capítulo, los empresarios piden directamente al Gobierno que derogue la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 2012. En esa norma, entre otras cosas, el Ejecutivo creó tres impuestos. El que grava el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, y el que recauda sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. La norma también creó el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. La patronal sostiene que la introducción de nuevos tributos, y el incremento de los ya existentes [sobre el sector] “ha derivado en una pérdida de competitividad de los sectores industriales, incluida la producción eléctrica”, que está detrás del 90% de las exportaciones.

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