El Gobierno suaviza las condiciones de los autónomos para cobrar el paro

El Gobierno ha rectificado en el borrador de su futura ley de mutuas y ha introducido cambios sustanciales que dan mayores facilidades a los trabajadores autónomos para poder cobrar la prestación. Hay que tener en cuenta la importancia de este grupo social, que suma a tres millones de personas más sus familias, y su peso electoral en los próximos comicios. 

En primer lugar, el Ejecutivo ha decidido que los autónomos sean libres para darse de alta en lo que también se conoce como cese de actividad. Es decir, el nuevo modelo de protección por desempleo de los autónomos, que gestionan las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

En segundo lugar, el Gobierno rebaja los niveles de pérdidas que tiene que tener un trabajador autónomo para poder tener prestación por desempleo, siempre que haya cotizado por ello. Será suficiente cuando las pérdidas del negocio sean superiores al 10% de los ingresos durante un año, excluido el primer ejercicio de actividad. Hasta ahora, el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social exigía que las pérdidas estuviesen entre el 20% y el 30% de los ingresos. Todo ello dentro de las causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción que justifiquen el cierre del negocio total, temporal o definitivo. 

Divorcio o separación 

Dentro de estas mismas razones, el autónomo podrá solicitar la protección por desempleo –cese de actividad– cuando la situación se deba a la separación o divorcio del dueño, o dueña, de la sociedad. Se trata de no dejar desamparado al que pierde el puesto de trabajo por estas razones personales. Como en todos los casos, la protección, hasta un periodo máximo de dos años, tendrá lugar si el beneficiario ha cotizado por ello. 

Igualmente, el autónomo tendrá derecho a la cobertura cuando el parón de la actividad se deba a causas de fuerza mayor, haya declaración judicial de concurso por pago de deudas que al menos comporten el 30% de los ingresos del ejercicio anterior. 

El Ejecutivo también contempla que la empresa despida a un directivo, autónomo, por causas económicas. Por ejemplo, a partir de que las pérdidas puedan superar un 10% de los ingresos durante un año. O bien que el patrimonio neto de la sociedad sea inferior a las dos terceras partes del capital social. Este tipo de trabajadores, que están fuera de convenio, tienen la obligación de darse de alta en el régimen de autónomos. 

Es también importante señalar que la cobertura se extenderá a aquellos trabajadores autónomos que pierdan el trabajo porque su cliente principal ha decidido prescindir de ellos. Es decir, cuando al menos el 90% de sus ingresos procedan de ese cliente. Incluso, el Gobierno otorgará la prestación por desempleo a estos trabajadores, aunque la empresa cliente se haya negado a formalizar el contrato de relación mercantil. 

El Ejecutivo atiende así la casuística de los autónomos económicamente dependientes de uno o dos clientes, conocidos en este sector laboral como trades. Con frecuencia su dependencia les obliga a trabajar con la disciplina y el horario de un asalariado, aunque deben darse de alta y cotizar como autónomos. Sin embargo, cuando terminan la relación comercial, y no habido contrato de por medio, se quedan sin ingresos regulares y sin ningún tipo de protección del desempleo. 

Fuente: Expansión

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