Indemnización por despido tras la reforma: castigo a los despedidos

Texto del Anteproyecto (pdf)

Las indemnizaciones por despido, hasta ahora exentas en la cuantía prevista en el Estatuto de los Trabajadores, comienzan a tributar desde la aprobación de la reforma fiscal. Afectará a todos los despidos producidos desde el pasado viernes 20 de junio, la fecha en la que el Consejo de Ministro estudió el informe sobre el anteproyecto. Estarán exentos los primeros 2.000 euros por año trabajado, lo que hará que los contribuyentes con un sueldo de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a Hacienda si son despedidos.

Hasta ahora, las indemnizaciones por despido sólo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma).

Un ejemplo: los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros al año que vayan a recibir una indemnización por despido de 1.833 euros por año seguirán exentos de tributación. De la misma forma, todos los contribuyentes que hayan tenido sueldos inferiores a 20.000 euros seguirán disfrutando de la exención del 100% de su indemnización si son despedidos. En cambio, los que hayan percibido un sueldo de 30.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 2.750 euros por año trabajado disfrutarán de una exención del 72,72% del total tras aplicarles el mínimo exento.

La novedad ha cogido totalmente a contrapié a los sindicatos, que según han explicado, lo desconocían. “Montoro no nos advirtió sobre esto en nuestro encuentro de la pasada semana ni tampoco hizo referencia a ello durante la rueda de prensa del viernes”, critica el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Aunque nosotros ya lo adelantamos el pasado jueves 12 de junio.

Si bien todas las modalidades de despido y todos los trabajadores van a resultar afectados por la medida, en materia de negociación colectiva es donde se puede volver a planteamientos desterrados. 

Hasta el año 2010, se produjo la paradójica situación en la que la indemnización pactada en los expedientes de regulación de empleo que superase la cantidad de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 mensualidades estaba sometida a tributación, frente a la tradicional exención de los 45 días de salario por año de servicio con un límite de 42 mensualidades, correspondientes a un despido improcedente individual (incluso cuando se debía a causas objetivas). Este tratamiento discriminatorio de las indemnizaciones pactadas en los despidos colectivos se corrigió en el año 2010, equiparando la exención de esta tipología extintiva a la de los despidos individuales, con el límite de la cuantía prevista para los despidos improcedentes (los tradicionales 45 días de salario por año de servicio). 

Hasta esa equiparación en el tratamiento fiscal, era bastante frecuente en la dinámica de las negociaciones colectivas, trasladar a la empresa el impacto económico del esfuerzo fiscal, de forma que la tributación tuviera el menor efecto en la cuantía de indemnización finalmente a percibir por el trabajador. En la práctica, esta posición negociadora se traducía en un aumento de la indemnización a pagar por el empresario, que tenía por objeto resarcir a los trabajadores de los impuestos a pagar por la parte de la indemnización sometida a tributación. En otras ocasiones se intentaba, en la medida de las posibilidades, implementar las extinciones a través de despidos individuales, evitando la aplicación de la normativa sobre despidos colectivos, que llevaba inexorablemente aparejada la tributación de una parte de la indemnización. A través de esta segunda maniobra, la empresa se exponía a incumplimientos normativos y calificaciones de nulidades de despidos. En definitiva, lo que se intentaba negociar era una indemnización neta. 

Esta tradicional pretensión sindical de negociar en neto, pudiera volver a ponerse de manifiesto en las mesas de negociación, pudiendo agravarse con ello la cuantía de las indemnizaciones, dificultándose en definitiva la consecución de pactos colectivos. 

El anteproyecto prevé que la limitación de 2.000 euros no resultará aplicable a las indemnizaciones por despidos producidos antes de 20 de junio de 2014, fecha de presentación de la reforma por el Consejo de Ministros. En materia de despidos colectivos, no se aplicará el mencionado límite si el expediente se aprobó o se comunicó a la Autoridad Laboral con anterioridad a la citada fecha de 20 de junio de 2014. Respecto de la fecha de entrada en vigor de la norma, dejando de lado aspectos de técnica jurídica, la medida se puede calificar de razonable, teniendo presente que se pretende evitar planificaciones de despidos, y lo que es más importante, un rebrote de los mismos durante la tramitación parlamentaria de la norma, en un momento en el que las cifras de creación de empleo comienzan a ser positivas. 

La realidad de las negociaciones colectivas nos pondrá de manifiesto si se produce un “regreso” al pasado y un endurecimiento en la mecánica de negociación que ya había sido superada. 

Esta es una de las medidas que permanecía escondida entre los 400 folios del proyecto, aunque el Gobierno insiste que este límite de 2.000 euros podrá ser modificado en la tramitación parlamentaria.

UGT: “Penaliza de manera doble a los trabajadores despedido”

Las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar. El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, destacó que responde a un “afán recaudatorio” y “es una medida injusta porque penaliza de manera doble a los trabajadores despedidos que, de manera involuntaria, han sido expulsados de sus puestos de trabajo”.

Ferrer ha explicado que “con la reforma laboral de 2012 el Gobierno ya facilitó y abarató el despido y ahora, con estas medidas fiscales, se vuelve a penalizar a los despedidos”. Asimismo, ha recordado al Ministro de Hacienda que se comprometió a un proceso de diálogo, y ha advertido que “si lo que se pretende es atajar los tratamientos que tienen los grandes ejecutivos con contratos blindados, hay que buscar soluciones concretas y no castigar al conjunto de los trabajadores”.

CCOO: “significa escorar aún más el IRPF sobre las rentas del trabajo”

Por su parte, CCOO ya advirtió hace unos días de la “falta de equidad y justicia” que supondría la eliminación de la exención de las indemnizaciones por despido dentro de las cuantías legales. En primer lugar, porque significaría “escorar aún más el IRPF sobre las rentas del trabajo”, y porque “se ampliaría aún más el duro recorte de la indemnización por despido aprobado por el Gobierno en la reforma laboral de 2012. El sindicato también denuncia que supone “ahondar en el reparto desigual de las cargas de la crisis y el ajuste presupuestario”.

“El gobierno cargaría así dos veces sobre la espalda de los trabajadores más débiles -los despedidos- las cargas de la crisis, mientras que avanza, por otro lado, en la desfiscalización de las rentas del capital y del patrimonio”, subraya.

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