Nueva Ley de Mutuas: los autónomos tienen menos trámites para poder cobrar el paro

A finales del año 2010 entró en vigor la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establecía un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Ya muy avanzado el año 2011 se aprobó su Reglamento de desarrollo a través de Real Decreto y doce meses más tarde, periodo de carencia establecido, los primeros autónomos con dificultades económicas o por causa de fuerza mayor pudieron solicitar la cobertura de esta prestación.

Sin embargo la Ley imponía la prueba de fuego de unas pérdidas del 20% durante dos años consecutivos o del 30% en la última anualidad para justificar el acceso a la prestación. Difícilmente un autónomo puede llegar vivo a la solicitud en estas condiciones impuestas, pero es que además el legislador olvidó, o no quiso enterarse, de que buena parte del colectivo está sujeto a efectos del IRPF al Régimen Objetivo de Módulos, basado en criterios de beneficios estimados, por lo que no sólo no lleva contabilidad, sino que en ningún caso el autónomo puede demostrar rendimiento neto negativo o pérdidas contables, como convencionalmente son conocidas.

La consecuencia es que durante los dos primeros años de gestión, escasamente 12.000 de los 600.000 cotizantes acudieron al sistema y tan sólo un 21% de entre ellos han podido acceder a una prestación que gestionan mayoritariamente las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, hoy ya denominadas Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Por otra parte se han judicializado buena parte de las denegaciones. Se han acumulado reservas superiores a 350 millones de euros y sólo diez millones por año se han dedicado a prestaciones efectivas.

A partir de ahora los trabajadores autónomos tendrán más sencillo acceder a la prestación por cese de actividad gracias al proyecto de ley de mutuas colaboradoras de la Seguridad Social aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el que se simplifican los trámites para el cobro de esta prestación.

Hasta ahora, el acceso de los autónomos al cobro del paro estaba ligado a la cotización por contingencias profesionales. La norma aprobada desvincula ambos conceptos y mantiene como voluntaria la cotización por el cese de actividad, cuyo tipo se adaptará en las leyes de presupuestos, oscilando entre el 2,2% y el 4%.

Asimismo, el proyecto de ley reduce desde el 30% al 10% el nivel de pérdidas anuales por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción que debían acreditar los autónomos para acceder a la prestación, al tiempo que se mejoran los medios de prueba que pueden utilizar. Los autónomos que dependen de una sola empresa podrán acogerse a este sistema especial de desempleo en caso de que se produzca una pérdida del que sea el cliente principal.

Hasta ahora, si un autónomo tenía una deuda con la Seguridad Social no podía cobrar la prestación. A partir de ahora también se contempla que el autónomo pueda cubrir las deudas que mantiene con la Seguridad Social en un plazo de 30 días para poder acceder a la prestación. Otra cosa es que compense la deuda que pueda tener con la Seguridad Social con lo que cobre de paro, ya que se necesita como mínimo 12 meses cotizados para poder tener derecho a dos meses de paro. (Más info)

La demostración de pérdidas para los autónomos en módulos continúa siendo un problema sin resolver definitivamente, pero el Proyecto al menos recoge el compromiso de abordar la regulación de la prueba documental adaptando la obligación a la realidad de este colectivo. Con estas medidas, más las mejoras que puedan introducirse en el trámite parlamentario, podremos al menos contar con un nuevo instrumento legal que haga definitivamente eficaz una prestación que hubiera sido fundamental en esta época de crisis, pero que bien gestionada sigue siendo hoy todavía un colchón para una buena parte de autónomos que ven como el cierre temporal o total de sus negocios no es sólo un problema económico, sino también suponer un importante obstáculo social en términos personales y familiares.

Por otra parte la nueva Ley de Mutuas prevé la participación de las asociaciones de autónomos con mayor peso específico en las Comisiones de Control y Vigilancia de las Mutuas, paso también de gran trascendencia, ya que será la única fórmula de realizar un seguimiento de la gestión de estas entidades con respecto a las prestaciones propias de los autónomos, puesto que estos en el Proyecto de Ley, aunque sean cotizantes, no se les reconoce el carácter de asociados, sino únicamente de simples adheridos, por lo que no participan directamente en las decisiones orgánicas ni tampoco pueden acceder a los órganos de gobierno mutuales.

Son pasos mejorables, pero que al menos van colocando al colectivo en un nivel de capacidad de gestión de sus propias cotizaciones que hasta ahora no teníamos.

Fuente: Sebastián Reyna Fernández, Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

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