Según el Supremo, el socio de una asesoría fiscal no responde del daño por un ‘mal consejo’

El empleado de una asesoría jurídica no es responsable del asesoramiento defectuoso que provoque que la compañía que recibe sus servicios sea sancionada por Hacienda. Ni siquiera cuando el responsable sea uno de los socios o administradores de la sociedad.

La Sala Primera del Tribunal Supremo desestima así, en sentencia de 30 de mayo de 2014, de la que es ponente el magistrado Sancho Gargallo, un recurso de casación relacionado con el conflicto existente entre una entidad dedicada al negocio inmobiliario y una asesoría jurídica.

La inmobiliaria contrató los servicios de asesoramiento contable y fiscal a una asesoría jurídica. Tras una inspección de la Agencia Tributaria, esta sancionó a la entidad por incongruencias en la declaración del IVA soportado. Por ello, la inmobiliaria interpuso una demanda de responsabilidad civil contra la asesoría y contra el administrador de la sociedad por el que fue asesorada, donde solicitaba su condena solidaria a la indemnización del perjuicio que le reportó el error cometido en las declaraciones del IVA.

El Supremo descarta que, como pretendía el demandante, operase la responsabilidad solidaria de la sociedad y del socio profesional que prestó el servicio en virtud del artículo 11.2 de la Ley de Sociedades Profesionales 2/2007, de 15 de marzo.

No cabe, por tanto, que sobre la base de unos mismos hechos, el cliente que contrató los servicios pueda exigir, además de la responsabilidad civil contractual de la sociedad, la responsabilidad civil extracontractual del empleado o profesional encargado de realizar los servicios contratados. Al juzgarlo de esta manera, el fallo aclara que la Audiencia resuelve con acierto y no vulnera la jurisprudencia sobre la unidad de la culpa civil.

Sostiene el fallo que la responsabilidad contractual “se deberá considerar cuando a la preexistencia de un vínculo o relación jurídica de esta índole entre personas se una la producción de un daño”. En cambio, “será aplicable el régimen de la responsabilidad extracontractual cuando el daño no haya sido causado en la estricta órbita de lo pactado, por tratarse de daños ajenos a la naturaleza del negocio, aunque hayan acaecido en la ejecución del mismo”.

Por el contrario, “es aplicable el régimen contractual cuando, en un determinado supuesto de hecho, la norma prevé una consecuencia jurídica específica para el incumplimiento de la obligación”.

El fallo recuerda que estamos ante un supuesto de responsabilidad civil contractual, respecto de la cual tan sólo está legitimada pasivamente la sociedad contratada, y no los empleados encargados de prestar el servicio, aunque en este caso se trate del administrador y socio de la compañía.

Fuente: El Economista

 

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