Jubilación anticipada: el INSS aplica un criterio restrictivo y fuera del marco legal

El INSS ha empezado a aplicar un criterio restrictivo y situado fuera del marco legal vigente que afecta el acceso a la jubilación anticipada de personas a las que correspondería disfrutar de las condiciones contempladas en la norma anterior a la reforma de 2013.
 
A estas alturas, es bien sabido que la entrada en vigor el pasado día 1 de enero de 2013 de las disposiciones contempladas en el RDLey 5/2013 y la consiguiente reforma del sistema público de pensiones han supuesto un notorio empeoramiento para el conjunto de la ciudadanía de las condiciones de acceso a la jubilación. No es extraño, pues, que desde esta reforma, uno de los principales campos de batalla para los profesionales del derecho consagrados en el ámbito de la Seguridad Social está en el hecho de determinar si un trabajador tiene derecho a acceder la jubilación acogiéndose a las condiciones y términos contemplados en la normativa anterior , esquivando los efectos más perniciosos de una remodelación legislativa hecha sin ninguna otra intención que atentar contra el poder adquisitivo de los jubilados presentes y futuros.
 
Uno de los ámbitos más afectados por RDLey 5/2013 es el acceso a la jubilación anticipada , pues la reforma de las pensiones incluye entre sus pretensiones la de dificultar y limitar severamente la posibilidad de acogerse a esta modalidad de jubilación, así como reducir de forma drástica el importe de la pensión que corresponderá a quien pretenda jubilarse con anterioridad a la edad ordinaria.
 

Sorprendente criterio del INSS

El RDLey 5/2013 establecía con claridad que los trabajadores que vieran extinguida su relación laboral por cualquier causa con anterioridad al 1 de abril de 2013 podrían jubilarse anticipadamente a los 61 según la normativa anterior -recordemos, mucho más beneficiosa- siempre y cuando con posterioridad a la extinción no ingresaran en ningún régimen de la Seguridad Social, es decir, no volvieran a trabajar ni por cuenta propia ni ajena. 

 

Este criterio se ha mantenido hasta ahora sin que su aplicación haya sido objeto de controversia o discusión. O, al menos, así lo parecía, pues en junio de este año el INSS emitió una circular donde modificaba este criterio y excluía a los trabajadores que han suscrito un convenio especial con la Seguridad Social en fecha posterior al 1 de abril de 2013 en considerar, de forma absolutamente injustificada, que este hecho supone “quedar incluido en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social”.

Seguir cotizando hasta los 63

Desde el Ministerio se asegura que no se trata de un cambio de criterio y que las condiciones no han cambiado, sino que están aplicando una interpretación “coherente” con la ley y la reforma que entró en vigor en el 2013. Es decir, considera que, si están cotizando a la Seguridad Social (aunque no estén trabajando), su situación es equiparable a estar dado de alta en el sistema como trabajador en activo. Y eso es algo que específicamente excluye la ley para ser beneficiario de esta modalidad de convenio especial. Según la versión oficial, esta circular tuvo que ser aprobada a raíz de las numerosas consultas y dudas que les llegaban desde las direcciones territoriales.   

Esto significa que los que han optado por este sistema ven que el hecho de hacer un sacrificio para seguir cotizando no sólo no les reporta un beneficio, sino que se equipara a tener un trabajo y les perjudica. Ahora, tendrán que esperar dos años más para jubilarse (hasta los 63), durante los cuales seguirán sin cobrar su pensión y, lo que es peor, deberán seguir cotizando para que ésta no se reduzca en el momento en que tengan derecho al retiro. 

 

Evidente ilegalidad

La actuación del INSS se sitúa fuera de la legalidad y choca frontalmente con el redactado del RDLey 5/2013, pues ateniéndonos a la normativa en vigor, en ningún caso se puede considerar un convenio especial suscrito con la Seguridad Social como un régimen de la Seguridad Social, siendo ambas figuras jurídicas radicalmente diferentes . Por tanto, de forma rotunda se puede decir que el INSS está incumpliendo la ley con el objetivo de privar del derecho a la jubilación anticipada o reducir significativamente el importe de las pensiones a personas a las que la legalidad vigente legitima acceder prematuramente la jubilación.

 

Víctimas débiles

Como deriva de forma habitual de las acciones del INSS, las personas afectadas por la aplicación de un criterio como este sin base legal posible vuelven a formar parte, en muchos casos, de colectivos especialmente vulnerables . Hay que saber, por ejemplo, que entre los suscriptores de estos convenios especiales encontramos por imperativo legal las personas de más de 55 afectadas por despidos colectivos o personas que habiendo perdido su trabajo y agotada la prestación de desempleo decidían voluntariamente pagar uno de estos convenios para asegurar unos mínimos de cotización en el transcurso del tramo final de su vida profesional y, de esta forma, no ver excesivamente mermado el importe futuro de su pensión.

 
Hablamos de personas que, en definitiva, han prolongado el período de cotización a través de unos convenios que nada tienen que ver con estar encuadrado en un régimen de la Seguridad Social con la esperanza de acceder a pensiones dignas. Una esperanza que ahora ven traicionada por el INSS mediante unas prácticas intolerables y abiertamente contrarias a Derecho.
 

Será necesario, por tanto, que, como tantas otras vez, acaben siendo los tribunales quienes determinen la ilegalidad en la que incurre el INSS con la aplicación de este criterio de efectos devastadores para miles y miles de personas de todo el Estado que han visto intolerablemente vedado el acceso a la jubilación anticipada o que percibirán cantidades significativamente menores, casi siempre sin ninguna fuente de ingresos ni posibilidades reales de reincorporarse al mundo laboral.

UGT exige que se les reconozca la pensión

Para UGT, esta situación supone “un acto ruin del Gobierno que va a producir serios prejuicios a los trabajadores afectados, como el retraso del acceso a la jubilación ordinaria con una reducción en las bases de cotización, la aplicación de coeficientes reductores más agresivos para la jubilación anticipada o la reducción de ingresos en las arcas de la Seguridad Social”.

Además, el sindicato considera que este criterio “tiene un dudoso encaje jurídico, es arbitrario, discriminatorio y vulnera la Constitución Española, en cuanto al principio de prohibición de la retroactividad de normas desfavorables contenido en el artículo 9.3 de la Carta Magna”.

Según recuerda el sindicato en un comunicado, este tipo de convenio es una herramienta que tienen aquellos trabajadores con circunstancias específicas –mayores de 55 años afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), trabajadores que agotan su prestación o subsidio de desempleo, etc.)– para que puedan generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones de la Seguridad Social, como el de la pensión de jubilación.

Por ello, UGT demandó el pasado 24 de julio su retirada en la Comisión Ejecutiva del INSS y en una carta enviada al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, donde ha reclamado al Gobierno que le haga llegar información detallada respecto al número específico de trabajadores que pudieran verse afectados por la aplicación de este criterio.  

Fuente: Col.lectiu Ronda

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