El TSJ acepta anticipar el cobro de minusvalías si los grados aumentan

La sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana está revocando sentencias dictadas en primera instancia en las que los jueces niegan a familiares con hijos minusválidos su cargo a cobrar por anticipado prestaciones no contributivas cuando varía el grado de discapacidad. Tras revisar varios casos, los magistrados concluyen que «es legal» cobrar la prestación «con anterioridad a la resolución de la minusvalía» pues la norma regula «la posibilidad de anticipar los efectos económicos prestacionales de una resolución futura».

Así consta en una sentencia difundida ayer por el TSJ en la que el tribunal aborda un recurso de suplicación presentado por un padre de Alicante contra una sentencia que desestimó la demanda que presentó el afectado contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que le negó el cobro anticipado.

Según la resolución, el padre tenía asignada una prestación familiar de 339,70 euros mensuales por tener un hijo a su cargo con autismo y una minusvalía del 65% reconocida por la Conselleria de Bienestar Social. En noviembre de 2009 el padre pidió una revisión «por agravación del grado de minusvalía que tenía reconocido su hijo» que la Conselleria elevó al 80% en abril de 2011 pero con efectos desde que presentó la solicitud. La Seguridad Social recibió el escrito de Bienestar Social casi un año después de aprobarse el nuevo grado y fijó el cobro de la nueva prestación en 536 euros mensuales pero con efectos de enero de 2012, es decir, más de dos años después desde que la familia inició el expediente.

El tribunal, que presidió la magistrada Mercedes Boronat, aclara en su sentencia que el artículo 17.1 del RD 1335/2005 «establece que el reconocimiento del derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo surtirá efectos a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente al de la presentación de la solicitud». Y que este mismo criterio, puntualiza la sala, «se aplicará en el supuesto de modificaciones en el contenido del derecho, que supongan un aumento en la cuantía de la asignación económica que se viniera percibiendo».

En primera instancia, el juzgado concluyó que no podía tomarse como fecha de referencia la de presentación del escrito porque en ese momento todavía no había variado el grado de discapacidad que se modificó.

Sin embargo, el Alto Tribunal aclara ahora que el supuesto contemplado por la norma «es precisamente aquel en el que todavía no ha recaído resolución sobre el grado de minusvalía, y su finalidad no puede ser otra que la de anticipar en la medida que sea posible los efectos de la resolución recaída en el expediente de minusvalía a efectos de la prestación asistencial». Es decir, no puede reconocerse una pensión con efectos anteriores a los de la resolución que la motiva, pero «sí que puede concederse al escrito de solicitud efectos sobre la tramitación del expediente».

Por ello, la sala puntualiza que «la norma regula la posibilidad de anticipar los efectos económicos» por lo que «no existe obstáculo legal» para que en este caso el padre afectado empiece a cobrar la nueva pensión ocho meses antes de lo que había acordado la Seguridad Social.

Esta sentencia ha sido dictada por la sala de lo Social porque la demanda iba dirigida contra la Seguridad Social. Pero la sala de lo Contencioso se ha pronunciado en varias ocasiones contra los retrasos y la rebaja de grados a los dependientes sin causas objetivas. 

 

Fuente: El Mundo

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