Fremap carece de “autoridad moral” para despedir por motivos éticos

Los directivos de la mutua de accidentes de trabajo Fremap no tienen “autoridad moral” para despedir a una empleada que incumplió el código ético interno. Una juez de lo social de Madrid ha declarado el despido improcedente al considerar que “dicho código no parece que se aplique en la mutua, pues es un hecho público y publicado que la Intervención General de la Seguridad Social le reclama 43,2 millones por el periodo 2006-2011 atribuyéndole a sus directivos gastos en mariscadas, viajes y demás derroches injustificados e injustificables”, como desveló este diario en junio. El fallo también se asienta en la desproporción entre el castigo aplicado por la empresa y la falta de la empleada.

La sentencia relata las circunstancias del despido. El 18 de julio de 2013, la trabajadora de Fremap N. H. B. se ausentó de la oficina entre las 10.52 y las 13.45. Dijo que iba a hacer unas visitas de trabajo, pero la directora de la oficina descubrió, días después, que no era cierto. Además, el 19 de julio, la empleada pasó 13,3 euros de kilometraje por esas visitas.

La mutua se negó a pagarle ese dinero y avisó a recursos humanos, “que decidió adoptar una medida ejemplarizante y proceder al despido”. A la vista de su código ético, Fremap calificó estos hechos como “falta muy grave con transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza”.

El despido fue recurrido y el pasado 11 de septiembre, la juez de lo social número 7 de Madrid, Inmaculada González de Lara, lo declaró improcedente. La juez considera que es desproporcionado que una trabajadora con 12 años de antigüedad, sin faltas previas en su expediente, sea despedida por ausentarse tres horas “un día que cumplió una jornada de 12 horas”. Y señala que luego resolvió por correo parte del trabajo no realizado. En consecuencia, el fallo ordena readmitir a la trabajadora o indemnizarla con 39.129 euros. Fremap puede recurrirlo, aunque la empresa no quiso aclarar si lo ha hecho.

En su fallo, la juez se detiene en el código ético interno. Según la empresa este es “el primer documento que recibe un empleado al entrar en la compañía”. “

Dicho código —expone la sentencia— no parece que se aplique en la mutua, pues es un hecho público y publicado que la Intervención de la Seguridad Social le reclama 43,2 millones de euros por el periodo 2006-2011, atribuyéndole a sus directivos gastos en mariscadas, viajes, y demás derroches injustificados e injustificables, que de acreditarse serían incompatibles con las prescripciones éticas por las que se dicen regir, por lo que la dirección de la mutua carecería de autoridad moral para aplicar las recomendaciones éticas al resto de empleados”. 

 

El País

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