El TSXG devuelve a dos madres militares el derecho a quedar libres de guardias

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de ratificar dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol devolviendo a dos militares madres el derecho a quedar exoneradas de guardias, servicios, maniobras y actividades análogas por tener reconocida la reducción de jornada por guarda legal de hijos menores de 12 años.

Según informan los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), en ambos casos, el TSXG recuerda que la Administración no tiene una potestad discrecional “ilimitada”, ni siquiera cuando invoca necesidades de servicio y que el uso de esa facultad discrecional debe acomodarse “en todo caso” al marco reglado.

Por ello, frente a la argumentación genérica de “necesidades de servicio” y la inconcreta alusión a “la externilización de servicios” de que se valió el Arsenal Militar de Ferrol para revocar las condiciones de disfrute de la reducción de jornada que ambas madres tenían concedidas, las sentencias referidas exigen “concreción individualizada”, en convergencia con la situación jurídida de cada una de las madres afectadas por semejante decisión.

Según el TSXG, esta carga de la prueba estaba en manos del Arsenal Militar de Ferrol, sin embargo, a pesar de ello, no logró acreditar la realidad fáctica singularizada que pudiera afectar a cada una de las madres y que era necesaria para entender suficientemente motivadas las medidas adoptadas por el Arsenal.

En definitiva, en el ejercicio del control jurisdiccional se han revocado las resoluciones del Arsenal Militar de Ferrol y se ha devuelto a estas madres la estabilidad personal, familiar, laboral y también emocional, que, según los servicios jurídicos de AUME, a la postre, constituyen una de las finalidades de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el seno de las Fuerzas Armadas.

AUME

El fundamento de estas sentencias es algo que AUME ha venido defendiendo en multitud de ocasiones y un hecho por el que los profesionales militares sostienen que están siendo discriminados respecto” al resto de profesionales públicos, ya que, según esta asociación, “hay mandos que están invocando, de forma arbitraria y sin concreción, la argumentación genérica de “necesidades de servicios” de manera unilateral e injusta para condicionar, revocar o directamente denegar a los militares con hijos menores de 12 años su derecho a conciliar la vida familiar con la laboral.

Según AUME, esta política de aplicación extrema e injustificada de la disponibilidad permanente para el servicio, por continuas e inmotivadas menciones a la falta de efectivos, es algo que perjudica principalmente a los profesionales de tropa y marinería, que no solo están compensando con una ilimitada disposición de su tiempo cada reasignación del recurso de personal, algo que consideran “injusto y absolutamente predecible y previsible, si no que, además, se hace a costa de la revocación de facto de sus derechos, poniendo a estos militares y sus familias en estado de excepción permanente”.

Para esta asociación de militares, no es menos grave el efecto que tiene dentro de la organización militar que, mientras se está obstaculizando la conciliación y se obliga al militar a insistir en su solicitud acudiendo a los tribunales para recuperar el derecho legítimo a una reducción de su jornada laboral, al tiempo que se transmite la idea de indisciplina, cuando, además, se le aplica la correspondiente reducción de sus retribuciones, algo que, en consecuencia, libera nuevos recursos para el Ministerio.

Para AUME, los beneficios de la Orden Ministerial que aproximan la situación laboral del militar a la del resto de los trabajadores de la Administración General del Estado son de aplicación obligatoria, pero, sin embargo, “son muchos los componentes de la Armada que están afectados por su aplicación arbitraria, algo que ha supuesto la frustración de las expectativas de muchos militares, tras ser obligados a elegir entre abandonar a sus familias o a su carrera”.

Los representantes de la asociación entienden que si en el caso del ámbito de la Armada la dificultad de conciliación es mayor, la Administración está obligada a disponer las adaptaciones que sean necesarias.

Añaden que, tras estas sentencias y con la experiencia adquirida en los ocho años desde la entrada en vigor de la citada Orden Ministerial, “este debería ser un buen momento para que la Armada y el Ministerio de Defensa se abran a un diagnóstico reflexivo y dialogado, para adaptar el contenido de esta Ley y sus desarrollos, a los marcado por el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que indica que las normas y criterios relativos a la igualdad y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios, también serán aplicables a los militares profesionales”.

Diario de Ferrol

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