LEY 1/2014, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

La protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social tras su paso por el Parlamento: la Ley 1/2014

La Ley 1/2014, de 28 de febrero (publicación BOE), para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, publicada en el BOE de 1 de marzo de 2014 es el resultado de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto (en este enlace se puede encontrar la norma publicada en el BOE y un resumen con las principales medidas)

La versión definitiva de las medidas de la reforma llevada a cabo el pasado mes de agosto no presenta variaciones sustanciales, sin perjuicio de las consideraciones que se harán a continuación y que se concretan en la inclusión de una nueva disposición adicional quinta sobre establecimiento de la Garantía Juvenil cuyo plan de implementación aunque la norma nos incluya en una especie de «máquina del tiempo» al establecer que «deberá elaborarse y presentarse por el Gobierno ante las instancias europeas antes de finalizar 2013 y, en el mismo plazo, realizar la distribución territorial de los fondos previstos para España en la Iniciativa de Empleo Juvenil conforme a los datos de desempleo juvenil en cada una de las comunidades autónomas», ya se ha hecho.

Destacamos a continuación algunas de estas medidas:

1. Representación de los trabajadores en las medidas colectivas adoptadas por la empresa

La Ley 1/2014 modifica distintos preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la dirección de la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica (artículo 40), modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41), así como en los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47), de despido colectivo (artículo 51.2) y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos (artículo 82.3).

En todos estos procedimientos se establece que la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. Con esta modificación, desaparece la posibilidad de que la consulta se realice separadamente por centros de trabajo, opción actualmente prevista en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Además, se prevé que la comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes intervinientes en el periodo de consultas, en coherencia con el número de miembros de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresa.

En la nueva regulación, la comisión representativa de los trabajadores debe quedar constituida antes del inicio del periodo de consultas, previéndose expresamente que la falta de constitución de tal comisión no impide la apertura ni el transcurso del periodo de consultas. Además, se mejora la determinación de quiénes van a integrar dicha comisión de un máximo de trece miembros, siempre en proporción al número de trabajadores de los centros afectados que representen.

2. Información a facilitar por la empresa en caso de despidos colectivos

Además, en el supuesto de despido colectivo, se modifica la redacción del artículo 51 en lo referido a la información que debe facilitar la empresa, con la finalidad de mejorar la seguridad jurídica en la delimitación de los supuestos de declaración de nulidad del despido colectivo por falta de entrega de la documentación preceptiva. Por otro lado, el artículo 10 de esta ley adapta el contenido del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativo a la tramitación de los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, a los cambios que afectan a la comisión negociadora en procedimientos de consulta.

3. Causas de nulidad del despido colectivo

El artículo 11 modifica la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en relación con la modalidad procesal del despido colectivo para que la impugnación colectiva asuma un mayor espacio. Se aclaran las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

Otras novedades son la posibilidad de que el empresario, en el plazo de veinte días desde la finalización del plazo anterior, pueda interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva.

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