Salarios de tramitación

SALARIOS DE TRAMITACIÓN

La Reforma Laboral, Real Decreto-Ley 3/2012, entre otras novedades, ha traído consigo la práctica desaparición de los llamados “salarios de tramitación”.

Hay que definir los salarios de tramitación como aquellos salarios que abona el empresario por cada día que el trabajador se encuentre desempleado como consecuencia del despido improcedente o nulo, desde el día siguiente a la extinción y hasta la notificación de la sentencia que reconoce o declara la improcedencia del despido. Pese al nombre de salarios, su naturaleza jurídica se asemeja más a la indemnización que al salario.

En términos generales, según el Estatuto de los Trabajadores, el despido puede ser declarado de tres maneras: procedente, improcedente o nulo.

La nulidad del despido se declara en los siguientes supuestos: cuando se dan algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley; cuando se produzca la violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador; cuando esté relacionado con el embarazo, maternidad o permisos relativos al cuidado de un hijo, o mujeres víctimas de violencia de género que hayan ejercido su derecho a reducción o reordenación de su tiempo de trabajo. La improcedencia del despido se declara cuando el despido es injustificado, o bien, no se logra acreditar la justificación del mismo.

1)        Con anterioridad a la reforma laboral: existía la obligación de abonar los salarios de tramitación en los dos últimos supuestos, es decir, en el caso de la declaración del despido, bien como improcedente, bien como nulo.

El empresario, podía quedar exonerado del abono de los salarios, si reconocía la improcedencia del despido, en el plazo de las 48 horas siguientes a producirse el despido, poniéndolo en conocimiento del trabajador y ofreciéndole la indemnización correspondiente al despido improcedente. Y en el caso de que el ofrecimiento fuera rechazado por el trabajador, consignando el importe de la indemnización, en ese mismo plazo, en el Juzgado de lo Social correspondiente.

2)        A partir del pasado día 12.02.2012 -fecha en la que entra en vigor la Reforma-, sólo se abonarán los salarios de tramitación en el caso que se proceda a la readmisión del trabajador, y no en los casos de improcedencia en los que se produzca la extinción del contrato.

La readmisión tiene lugar en los siguientes casos:

1)      Antes de la sentencia judicial: siempre que exista el acuerdo de ambas partes en que se produzca la readmisión, pues, no cabe la sola voluntad de una de las partes.

2)      Después de la sentencia judicial:

  • Por voluntad del empresario, una vez declarada la improcedencia del despido, en el caso que opte por la readmisión, y no por la extinción del contrato.
  • En el caso de que el despido sea declarado nulo, ya que, en estos casos, el juez establecerá la inmediata readmisión del trabajador.
  • Por elección del trabajador (por ser representante legal de los trabajadores o un delegado sindical). En este caso también habrán de abonarse salarios de tramitación, conforme al Art. 56.4 ET, tanto si éste opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión.

En todos estos casos, el empresario deberá abonar los salarios de tramitación, sin que en estos supuestos se haya producido novedad alguna.

Las principales consecuencias de esta importante reforma son:

1. Mayor facilidad para despedir

Las empresas tendrán un menor miedo a despedir y una mayor libertad en hacerlo, pues, ahora, las consecuencias de que se les condene a un despido improcedente sin salarios de tramitación suponen un menor coste.

2. Mayor judicialización de los despidos

La inexistencia de los salarios de tramitación, en los despidos improcedentes, es un incentivo para que el empresario no alcance acuerdos extrajudiciales, obligando de esta manera al trabajador a tener que recurrir el despido, en la mayoría de los casos, pues, a partir de la reforma al empresario le dará igual tener que abonar la indemnización una vez que se dicte sentencia que en el momento de proceder al despido.

3. El despido improcedente tendrá un mayor coste para el trabajador

Dado que, a partir de la Reforma, pocos empresarios querrán reconocer la improcedencia del despido, en el momento de producirse la extinción, dejarán en manos del trabajador la impugnación del despido, lo que acarreará que éstos tengan que soportar obligatoriamente sus costas procesales, cuando con anterioridad a la Reforma, en la mayor parte de los despidos el empresario reconocía la improcedencia y abonaba la indemnización (despido Express) evitando que el trabajador tuviera que costearse un proceso judicial para obtener una declaración de improcedencia.

4. Negociaciones del despido a la baja

A partir de ahora, se producirá un efecto contrario, esto es, si bien antes de la Reforma, en el proceso de negociación extrajudicial, era el trabajador el que ponía entre las cuerdas al empresario para alcanzar un acuerdo, sabiendo que de no aceptarlo se exponía a ser condenado a abonar los salarios de tramitación, tras la Reforma, sin obligación de abonar salarios de tramitación, el empresario no tendrá necesidad alguna de alcanzar un acuerdo extrajudicial, excepto que el trabajador se avenga a aceptar una menor indemnización.

Decimos esto, por cuanto, al  no existir salarios de tramitaciónreconocer la improcedencia extrajudicialmente, o que se declare ésta judicialmente, mediante sentencia judicial, tendrá las mismas consecuencias, es decir, el mismo coste, en uno u otro supuesto, para el empresario.

Visto así, y en estos tiempos de crisis y de falta de liquidez en las empresas, éstas no tendrá ninguna en abonar la indemnización, a no ser, que el trabajador acepte una rebaja.

5. Incremento de los “despidos express” pero sin el abono de indemnización

Efectivamente, si con anterioridad a la Reforma, el llamado “despido express” obliga al empresario a ofrecer la indemnización al trabajador, en el momento de producirse el despido, si no quería pechar con los salarios de tramitación, en la actualidad, el empresario podrá proceder a comunicar el despido, sin tener que abonar indemnización alguna hasta que una sentencia judicial le obligue a hacerlo, y ello, sin que se le pueda condenar a abonar los salarios de tramitación por no hacerlo en el momento del despido, lo que conllevará una mayor práctica de este tipo de despido.

Como nota práctica cabe apuntar que debe tenerse especial cuidado con los salarios de tramitación y la prestación por desempleo, pues es incompatible la captación simultánea de ambas percepciones por el mismo periodo de tiempo, toda vez que ambas vienen a compensar la misma circunstancia: la falta de ingresos durante un determinado periodo. Su verificación puede generar problemas con la Seguridad Social.

El Supremo avala el cobro del paro cuando no se perciban salarios de tramitación (STS de 3 de diciembre de 2013) (pdf)

La reclamación al Estado de los salarios de tramitación en juicios por despido

El problema de los salarios de tramitación es que, y cada vez más, los procedimientos judiciales por despido se demoran mucho en su resolución; habiéndonos llegado datos de que en algunas capitales se están señalando vistas para juicios por despido con más de dos años desde la fecha de interposición de la demanda; lo cual supone, amén de la incertidumbre respecto a la resolución de la relación laboral, tanto para la empresa como para el trabajador, un larguísimo periodo de tiempo durante el cual, salvo que el trabajador despedido haya encontrado un nuevo empleo, subsiste la obligación de abonar los salarios de tramitación; lo que, como es evidente, supone un elevadísimo coste.

Además de ello, tampoco ayuda mucho, a nuestro modo de ver, la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite al trabajador continuar con el procedimiento judicial hasta obtener una sentencia, aun cuando en el acto de conciliación la empresa se avenga a reconocer la improcedencia o nulidad del despido y ofrezca al trabajador la readmisión; porque ello, teniendo en cuenta la demora en la tramitación de los procedimientos judiciales, da lugar al devengo de salarios de tramitación durante todo ese periodo de tiempo; algo poco comprensible, pues cuando finalmente recaiga la sentencia, en el 99% de los casos, el pronunciamiento será exactamente el mismo que la empresa había ofrecido en el acto de conciliación.

Frente a esta situación, lo que muchos de nuestros usuarios no conocen, o no saben bien cómo opera, es lo que dispone el Art. 57 del ET, que también ha sido modificado por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Art. 57 del ET se denomina “Pago por el Estado”, y establece:

“ 1. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 56 de esta Ley, correspondiente al tiempo que exceda de dichos noventa días hábiles.

2. En los casos de despido en que, con arreglo al presente artículo, sean por cuenta del Estado los salarios de tramitación, serán con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a dichos salarios.”

Es decir, si no se dicta sentencia antes de 90 días desde la fecha en que el trabajador presenta la demanda, y dado que la demora judicial es una cuestión ajena a la empresa, la empresa no tiene porque asumir el coste de esos salarios de tramitación, en la cuantía que exceda de esos 90 días (eran 60 días antes de la reforma); y puede reclamar su abono al Estado que es a quien, en definitiva, le corresponde evitar esa demora judicial.

En relación a ese plazo de 90 días hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 119 de la LJS, que señala:

“Artículo 119. Cómputo del tiempo

1. A efectos del cómputo de tiempo que exceda de los noventa días hábiles a que se refiere el artículo 116, serán excluidos del mismo los períodos siguientes:

a) El tiempo invertido en la subsanación de la demanda, por no haber acreditado la celebración de la conciliación, de la mediación o de la reclamación administrativa previa, o por defectos, omisiones o imprecisiones en aquélla. b) El período en que estuviesen suspendidos los autos, a petición de parte, por suspensión del acto del juicio en los términos previstos en el artículo 83. c) El tiempo que dure la suspensión para acreditar la presentación de la querella, en los casos en que cualquiera de las partes alegase la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito.

2. En los supuestos enunciados anteriormente el juez, apreciando las pruebas aportadas, decidirá si los salarios correspondientes al tiempo invertido han de correr a cargo del Estado o del empresario. Excepcionalmente, podrá privar al trabajador de su percepción, si apreciase que en su actuación procesal ha incurrido en manifiesto abuso de derecho.”

Pero, ¿y cómo se realiza esa reclamación al Estado? (apartado pendiente de modificación: Nuevo Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido (publicación BOE)

Para dar respuesta a esa pregunta tenemos que señalar que el Art. 57 del ET se ha desarrollado por el Real Decreto 924/1982, de 17 de abril, sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.

Este Real Decreto señala, en su Preámbulo, que el Art. 57 del ET requiere, para su debida efectividad, y en evitación de dilaciones perjudiciales, que se concrete cómo y ante quién ha de ejercitarse tal derecho; y ello es lo que vamos a tratar de desarrollar en este Comentario.

Además del Art. 57 y del Real Decreto citado hay que tener en cuenta especialmente los Arts. 116 a 119 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Aunque la regulación, como puede verse, es dispar y confusa, podemos señalar que la regla general es la reclamación al Estado debe realizarla el empresario por los salarios abonados al trabajador. La regla especial es la reclamación directa por el trabajador para los casos de insolvencia provisional del empresario.

En concreto, el Art. 116.2 de la LJS señala “En el supuesto de insolvencia provisional del empresario, el trabajador podrá reclamar directamente al Estado los salarios a los que se refiere el apartado anterior, que no le hubieran sido abonados por aquél.”

Conforme al Art. 2 del Real Decreto 924/1982, de 17 de abril, la reclamación se presentará ante la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que hubiera tenido lugar el juicio por despido, que se trata de una unidad administrativa dependiente de la Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno en cuya circunscripción se haya celebrado el juicio.

El primer paso para reclamar al Estado el abono de estos salarios de tramitación es interponer una Reclamación Administrativa Previa, tal y como establece el Art. 117 de la LJS y también los Arts. 2 y 3 del Real Decreto.

El citado Art. 117 LJS señala:

“1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitación, será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegación el empresario o, en su caso, el trabajador, podrá promover la oportuna acción ante el juzgado que conoció en la instancia del proceso de despido.

2. A la demanda habrá de acompañarse copia de la resolución administrativa denegatoria o de la instancia de solicitud de pago.

3. El plazo de prescripción de esta acción es el previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, iniciándose el cómputo del mismo, en caso de reclamación efectuada por el empresario, desde el momento en que éste sufre la disminución patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitación y, en caso de reclamación por el trabajador, desde la fecha de notificación al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.”

Es decir, el plazo para presentar la reclamación previa será de un año conforme a la regla del art. 59.2 E.T.

Al escrito de reclamación previa ha de acompañarse la siguiente documentación:

  • Una fotocopia del DNI del solicitante y, en su caso, de su representante.
  • Acreditación de la representación legal que se alegue.
  • Copia de la Sentencia declaratoria del despido improcedente, testimoniada por el Secretario del Juzgado de la Social, así como de las anteriores y posteriores Autos o Sentencias.
  • Certificado de actuaciones expedido por el Secretario del Juzgado de lo Social, en el que se hará constar la firmeza de la sentencia declaratoria del despido, la fecha de la notificación a las partes y las demás fechas de las actuaciones del procedimiento en su totalidad, así como de los periodos exactos de exclusión previstos en la Ley de Procedimiento Laboral (Art. 119).
  • Justificante de que el trabajador o trabajadores han recibido el total de los salarios de tramitación, incluidos los que se reclaman, con reconocimiento bancario o notarial de la firma de aquel o aquellos.
  • Justificante de abono de las cotizaciones a la Seguridad Social que se reclamen.

En el supuesto excepcional de que la reclamación se realice por el trabajador no se aportará  ni el justificante de que el trabajador o trabajadores han recibido el total de los salarios de tramitación, ni el justificante de abono de las cotizaciones a la Seguridad Social que se reclamen.

Sí se aportará, en cambio, el Auto de insolvencia provisional de la empresa.

Conforme al Art. 4 del Real Decreto, en todos los casos en que no exista constancia suficiente en la documentación presentada o cuando el Director provincial de Trabajo y Seguridad Social lo considere conveniente, se unirá al expediente informe de la Inspección de Trabajo sobre la cuantía del salario en Vigor durante la tramitación del juicio.

El Art. 5 señala, asimismo, que la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social resolverá la reclamación dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de su presentación, o en su caso, desde que se hubiese completado la documentación que señala el artículo tres, y dicha resolución no será recurrible en la vía administrativa.

En el caso de que la reclamación sea desestimada por el Director provincial de Trabajo y Seguridad Social, o transcurrido el plazo de treinta días señalado sin que se dicte resolución, en el que se entenderá igualmente desestimada aquélla podrá el interesado entablar demanda ante el juzgado de lo social que hubiese conocido del juicio por despido, dentro del plazo y con arreglo a las normas procesales.

La demanda debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a la desestimación expresa o presunta de la reclamación previa. Junto al escrito de demanda se aportará copia de la resolución denegatoria o del escrito de solicitud de pago.

Y conforme al Art. 118 de la LJS, admitida la demanda, el secretario judicial señalará día para el juicio en los cinco siguientes, citando al efecto al trabajador, al empresario y al abogado del Estado, sin que se suspenda el procedimiento para que éste pueda elevar consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.

El juicio versará tan sólo sobre la procedencia y cuantía de la reclamación, y no se admitirán pruebas encaminadas a revisar las declaraciones probadas en la sentencia de despido.

Las sentencias dictadas en estos procesos desestimarán o estimarán, total o parcialmente, la demanda interpuesta, pudiendo condenar al trabajador a la devolución de todos o parte de los salarios de tramitación. Esto es así porque, aunque el Estado será el demandado cuando reclame el empresario, debe ser demandado también el trabajador, porque en el proceso de reclamación pueden verse minorados los salarios del trabajador por haber actuado éste con manifiesta mala fe en la dilación del proceso.

Contra la sentencia dictada por el Juez cabrá recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, y, contra la que éste dicte, recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Por último, señala el Artículo 7 del Real Decreto, los expedientes que se tramiten por las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de las reclamaciones a que se refiere el presente Real Decreto tendrán naturaleza de urgentes a todos los efectos.

Noticia relacionada: El TC avala la legalidad de la reforma laboral

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